Principal grupo de personas afectadas por el patriarcado.

Aunque la violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha desarrollado un proceso de denuncia, discusión, visibilización y toma de conciencia sobre este problema, pasando de considerarlo como cuestión privada a entenderlo como problema social, y en este proceso han tenido mucho que ver el movimiento feminista y los grupos de mujeres.

Para iniciar estas reflexiones es importante recordar que la consideración de la violencia contra las mujeres (y particularmente de aquella ocurrida en el marco de la pareja) como fenómeno privado ha propiciado que fuera entendida como un derecho del varón, como algo normal e incluso legítimo, para pasar, posteriormente, a ser vista como algo inadecuado o inconveniente pero que formaba parte de la vida íntima y en lo que, por tanto, no había que intervenir. Todo ello ha contribuido a que las víctimas no denuncien tanto por miedo como por vergüenza y desconfianza hacia las posibles ayudas a recibir, y a que éste haya continuado siendo, en gran medida, un grave problema “oculto”, donde las cifras oficiales posiblemente sólo son la punta del iceberg.

Por otra parte, para comprender en toda su dimensión lo que implica la transición hacia la consideración de la violencia contra las mujeres como problema social se hace necesaria una revisión más en profundidad del fenómeno a tratar.

Como ya señaló Miguel Clemente (1997), una de las definiciones más completas y rigurosas de problema social es la que ofrecen Thomas Sullivan y cols. (1980) según la cual

“existe un problema social cuando un grupo de influencia es consciente de una condición social que afecta sus valores, y que puede ser remediada mediante una acción colectiva.

Estos mismos autores especifican los elementos que incorporan a su definición del modo siguiente: a) Para que una condición sea definida como problema social debe ser considerada como injusta por un grupo con influencia social, es decir, debe tener un impacto significativo dentro del debate público o en la política social dentro de un colectivo mayoritario. Así pues, para poder hablar de problema social debería generarse un amplio consenso entre los miembros de una sociedad sobre la determinación de cuáles son los problemas sociales y en este proceso los medios de comunicación juegan un papel determinante. Por otra parte, se debe poder identificar a los grupos sociales que definen la existencia de un problema social, ya que ellos son los más interesados en su solución, y también cuáles son los auténticos fines que persigue el grupo que denuncia y que, en ocasiones, pueden estar más o menos encubiertos. b) Sólo se considera la existencia de un problema social si existe conciencia de que la condición indeseable que se denuncia es efectivamente un problema. c) Esa condición debe afectar negativamente los valores. Los valores sociales son imprescindibles para determinar la razón por la cual se define un problema como social.

Como nos recuerda Clemente (1997), los valores hacen referencia a las preferencias personales y a las prioridades de grupos sociales y estas prioridades son frecuentemente distintas para cada grupo social por lo que, a menudo, se plantea un conflicto de valores. La solución de este conflicto dependerá de la adecuada priorización de estos valores. d) Para considerar el problema como social debe darse la posibilidad de que sea remediado por la acción colectiva y, en este sentido, cabe decir que los problemas sociales son, por definición, cuestiones públicas y no personales o privadas.

Vemos, por tanto, que el reconocimiento de una situación o circunstancia como problema social está ligado a su reconocimiento por parte de una comunidad o de personas de influencia y prestigio. Esto supone que la manera en que algo queda definido como problema social está estrechamente ligada a la intervención del poder, la representación y también la manipulación.

Tras revisar estos aspectos que nos permiten entender qué es un problema social, cabe analizar cuáles son las fases en su desarrollo que, de acuerdo con la formulación de Kitsuse y Spector (1973), serían las siguientes:

En la primera fase, o fase de agitación, se detecta la presencia de un grupo de personas descontentas cuya actividad se dirige fundamentalmente hacia dos fines que son convencer a otros grupos sociales, y comenzar a preparar acciones encaminadas a tratar las causas del problema planteado. Las personas que inician estas acciones suelen ser las víctimas aunque no necesariamente es así. En esta fase suelen dedicarse una parte importante de los esfuerzos a reconvertir los problemas privados en públicos y es común que se cometan una serie de errores que hacen que no siempre se tenga mucho éxito (como, por ejemplo, la vaguedad de las reclamaciones del grupo, la escasa significación pública del grupo y por tanto su escaso alcance social, o la adopción de estrategias equivocadas o no efectivas).

En la tercera, o fase de burocratización y reacción, el problema, que ha pasado a estar en manos de una agencia gubernamental, se minimiza en parte, pasando de ser importante a ser uno más entre otros. Finalmente, la fase descrita como de reemergencia del movimiento se refiere a que, llegados a este punto, lo más probable es que las políticas oficiales hayan generado un fuerte descontento y desilusión. Si es así suele darse una de las siguientes alternativas: a) Que el grupo de presión inicial rechace la forma de actuación de las instituciones oficiales; b) Que quienes promovieron el movimiento sean sustituidos por las personas afectadas, al no considerar éstas atendidas sus peticiones; c) Que las soluciones y acciones planteadas desde los organismos oficiales entren en contradicción con los valores o intereses de otros grupos sociales creándose nuevos conflictos; d) Que, o bien se desarrollen grupos más reducidos, que buscarán soluciones reales para las personas afectadas, o bien se creen pequeños grupos que afronten la búsqueda de soluciones parciales al problema inicial.

Tras estas consideraciones iniciales puede decirse que, si para que una condición sea definida como problema social debe ser considerada injusta por un grupo que tenga una cierta influencia social, para entender el paso de la violencia contra las mujeres de cuestión privada a problema social es imprescindible analizar el papel desempeñado por el movimiento feminista en este tránsito.

La sexualidad de las mujeres, es decir, sus capacidades y servicios sexuales y reproductivos, se convirtió en una mercancía antes incluso de la creación de la civilización occidental. El desarrollo de la agricultura durante el periodo neolítico impulsó el «intercambio de mujeres» entre tribus, no sólo como una manera de evitar guerras incesantes mediante la consolidación de alianzas matrimoniales, sino también porque las sociedades con más mujeres podían reproducir más niños. A diferencia de las necesidades económicas en las sociedades cazadoras y recolectoras, los agricultores podían emplear mano de obra infantil para incrementar la producción y estimular excedentes. El colectivo masculino tenía unos derechos sobre las mujeres que el colectivo femenino no tenía sobre los hombres. Las mismas mujeres se convirtieron en un recurso que los hombres adquirían igual que se adueñaban de las tierras. Las mujeres eran intercambiadas o compradas en matrimonio en provecho de su familia; más tarde se las conquistaría o compraría como esclavas, con lo que las prestaciones sexuales entrarían a formar parte de su trabajo y sus hijos serían propiedad de sus amos. En cualquier sociedad conocida los primeros esclavos fueron las mujeres de grupos conquistados, mientras que a los varones se les mataba. Sólo después que los hombres hubieran aprendido a esclavizar a las mujeres de grupos catalogados como extraños supieron cómo reducir a la esclavitud a los hombres de esos grupos y, posteriormente, a los subordinados de su propia sociedad.